Odiarnos menos y pactar mejor

No quisiera parecer ingenuo ni romántico. Mi historia personal no me permite desconocer la dureza del poder, la persistencia del agravio ni el precio de ciertas lealtades. He aprendido, sin embargo, que conocer esas durezas tampoco nos obliga a resignarnos. Creo que los mexicanos podemos ser mejores de lo que hemos mostrado. A nuestra generación todavía le corresponde impedir que sus miedos y sus rencores se conviertan en la herencia política de quienes vienen detrás.

La muerte de Cuauhtémoc Cárdenas, el 28 de octubre, vuelve especialmente urgente esta reflexión. Su trayectoria nos devuelve a una pregunta que sigue abierta: qué hacemos con el agravio cuando tenemos la posibilidad de convertirlo en una fuerza política. Cárdenas ocupa un lugar central en la historia de una izquierda que contribuyó a abrir el régimen y a disputar el poder mediante elecciones. Recordarlo obliga a examinar qué conservamos de aquel impulso y qué hemos hecho con las instituciones que ayudó a conquistar.15 La reconciliación comienza a tener sentido cuando podemos nombrar el daño sin convertirlo en una condena perpetua a vivir enfrentados. Exige memoria, responsabilidades y garantías de que lo sufrido no se repetirá. Nadie tiene derecho a pedir a las víctimas que olviden para hacer más cómoda la conversación de los poderosos. Pero tampoco deberíamos aceptar que el porvenir quede reducido a administrar agravios y esperar la ocasión de devolverlos.

La Europa de la posguerra ofrece una lección que conviene entender sin idealizarla. Sus sociedades no se libraron de pronto del horror ni de sus resentimientos. Francia y Alemania comenzaron a construir instituciones compartidas cuando las heridas seguían abiertas. La puesta en común del carbón y del acero convirtió recursos estratégicos para la guerra en una base material de cooperación. Aquella experiencia sugiere algo que hemos olvidado: la confianza también puede construirse mediante tareas comunes, obligaciones recíprocas y resultados que merezcan ser preservados.1 No necesitamos comparar nuestros muertos con los de otras sociedades para reconocer la gravedad de lo que vivimos. Ahí están los 43 estudiantes de Ayotzinapa y las más de cien mil personas que el registro oficial ha llegado a contabilizar como desaparecidas y no localizadas. Ahí está la catástrofe sanitaria: algunas estimaciones del exceso de mortalidad durante la emergencia por COVID-19 superan las ochocientas mil defunciones. Son pérdidas de distinta naturaleza, que exigen explicaciones y responsabilidades específicas. El dolor de esas familias debería imponernos una obligación de verdad, incluso cuando incomoda nuestras convicciones políticas.2,3 Una sociedad se deteriora cuando aprende a convivir con lo que tendría que resultarle intolerable. La indignación se vuelve selectiva: reconocemos el dolor que confirma nuestras posiciones y encontramos explicaciones para el que las contradice. La pertenencia política empieza a sustituir al juicio moral. Después llega el cansancio, esa convicción de que nada puede cambiar que termina por dejar las decisiones en manos de quienes mejor se benefician de nuestra resignación.

Cuando estuve en el gobierno comprendí que muchas cosas que parecen inevitables pueden evitarse y que otras, consideradas imposibles, se vuelven realizables con los acuerdos adecuados. También comprendí que un pacto puede derruir lo que otro había permitido construir. La palabra acuerdo no contiene por sí misma una virtud. Hay que preguntar quién participa, sobre qué se negocia, quién asume el costo y ante quién responden los firmantes.

Un pacto democrático amplía la capacidad de la sociedad para intervenir en su destino. Un arreglo de captura concentra esa capacidad en unos cuantos y la protege del escrutinio público. Ambos pueden reunir adversarios, producir fotografías de unidad y anunciar una etapa histórica. Sus diferencias aparecen en el trato que reciben quienes quedaron fuera y en la posibilidad de revisar lo decidido. La coincidencia de las dirigencias puede convivir con una profunda exclusión social.

Por eso conviene hablar de la captura del Estado con precisión. Se produce cuando intereses particulares consiguen someter decisiones y recursos públicos a su beneficio y sustraerlos al control ciudadano. Pueden intervenir poderes económicos, estructuras partidistas, burocracias o intereses criminales. Identificar sus mecanismos permite exigir responsabilidades; convertirla en una acusación universal termina por borrar las diferencias entre una controversia política, una decisión equivocada y un delito.

Algo semejante ocurre con la invocación del pueblo. En ciertos discursos populistas, la palabra adquiere una autoridad casi sagrada: quien dice representarlo se atribuye el derecho de decidir quién pertenece a él. La pluralidad queda reducida a una voluntad que el gobernante asegura interpretar sin intermediarios. El ciudadano que discrepa se vuelve sospechoso. Bajo esa lógica, escuchar parece debilidad y negociar se considera una forma anticipada de traición.

La democracia necesita que los adversarios se reconozcan como integrantes legítimos de una comunidad que seguirá existiendo después de cada elección. Quien pierde debe conservar sus derechos y la posibilidad de disputar la siguiente; quien gana tiene obligaciones frente a quienes no votaron por él. La mediación permite que intereses diferentes intervengan en decisiones necesariamente provisionales. Sin ella, la superioridad electoral, económica o coercitiva amenaza con convertirse en el único argumento.

En 1988, el país parecía acercarse a una ruptura de consecuencias imprevisibles. La elección presidencial dejó una crisis de credibilidad cuya profundidad no podía resolverse con la proclamación de un ganador. La movilización alrededor de Cárdenas hizo visible una sociedad que ya no cabía en las formas de representación del régimen. La historia posterior mostró una lucidez colectiva, trabajosa y desigual: convertir parte de aquella confrontación en cambios a las reglas del poder.

La apertura tenía antecedentes decisivos, entre ellos la reforma de 1977. Después de 1988, la creación del IFE en 1990, la ciudadanización de 1994 y la autonomía de 1996 fueron etapas de una transformación que amplió la competencia electoral. Hubo resistencias, desacuerdos y negociaciones con participantes distintos; sería inexacto atribuir toda esa secuencia a un solo pacto o a un solo dirigente. La elección de Cárdenas como jefe de Gobierno del Distrito Federal en 1997 y la alternancia presidencial de 2000 mostraron el alcance de aquel cambio.16 En ese proceso confluyeron izquierdas de procedencias distintas: el nacionalismo revolucionario que rompió con el PRI, las tradiciones socialistas, los movimientos populares y una cultura intelectual comprometida con el pluralismo. La fundación del PRD en 1989 dio forma partidaria a parte de ese encuentro.15 Conviene resistir la comodidad de dividirlo entre una izquierda ilustrada y otra movida únicamente por el resentimiento. La elaboración intelectual y la experiencia de la exclusión atravesaban a sus integrantes. En una misma organización podían convivir la vocación democrática, la disciplina de la movilización y la desconfianza hacia cualquier negociación.

La contribución que me interesa recuperar es la capacidad de convertir una demanda propia en una garantía para todos. Una autoridad electoral independiente podía reconocer la victoria del adversario. Aceptar esa posibilidad exigía algo más profundo que buscar condiciones favorables para la siguiente contienda: suponía admitir que el país no pertenecía a ninguna causa, por justa que ésta se considerara. Los acuerdos transformaron al Estado cuando hicieron posible disputar el poder sin que el vencedor pudiera apropiarse de las reglas.

Esa herencia convive hoy, a mi juicio, con una relación más instrumental con el acuerdo en sectores de la izquierda gobernante. La negociación parece legítima cuando facilita su avance y sospechosa cuando exige reconocer un límite o un derecho ajeno. La derrota puede interpretarse como despojo; la victoria, como autorización para corregir la historia entera. Bajo esa lógica, el adversario deja de ser un ciudadano con el que habrá que convivir y se convierte en el último obstáculo para una reparación siempre pendiente.

Comprendo parte del origen de esa actitud. La exclusión, la represión y el menosprecio dejan huellas en las organizaciones, en sus lenguajes y en la manera en que imaginan a quienes tienen enfrente. El egoísmo de nuestras élites económicas y políticas también contribuyó a formar una izquierda recelosa, acostumbrada a sospechar que detrás de una invitación al diálogo podía esconderse la conservación de un privilegio. Quienes cerraron las puertas durante décadas tienen responsabilidad en la desconfianza que ayudaron a producir. La frustración política tiene historia; reconocerla permite comprender por qué ciertos símbolos y agravios conservan tanta fuerza.

Pero esa explicación no concede una absolución permanente. Cuando la memoria de haber sido víctima se convierte en un título de superioridad moral, el poder comienza a juzgarse por la nobleza que atribuye a sus intenciones y pierde interés en las consecuencias de sus actos. La causa parece justificarlo todo: la opacidad, la concentración de decisiones, el desprecio al conocimiento ajeno y la indulgencia hacia los propios. Una visión así termina por pervertir el propósito que invoca. Haber padecido la arbitrariedad debería aumentar la obligación de impedirla.

El problema se agrava cuando una fuerza llega al gobierno y conserva intacta la identidad de quien se considera excluido de todas las decisiones. Puede disponer de cargos, presupuesto y mayorías, y seguir describiéndose como víctima de poderes que le impiden actuar. Esa narrativa dificulta distinguir los obstáculos reales de las responsabilidades propias. Gobernar exige responder también por lo que depende de uno. La reparación histórica pierde legitimidad cuando sirve para aplazar indefinidamente la rendición de cuentas.

La memoria de Cárdenas permite volver sobre esas tensiones sin convertirlo en una figura infalible ni atribuirle todos los acuerdos de la transición. El reconocimiento más exigente a aquella lucha consiste en preservar el derecho de otros a disentir, organizarse y ganar. Una tradición democrática demuestra su fortaleza cuando acepta que las instituciones que ayudó a construir también pueden limitarla.

Desde esa perspectiva, considero que el Pacto por México fue un punto de quiebre en la relación entre acuerdos y representación social. Mi objeción se dirige a una forma de entender el acuerdo que privilegió la convergencia de las cúpulas y debilitó la interlocución con sectores afectados por sus decisiones. La capacidad de aprobar reformas se convirtió en una medida dominante del éxito político, mientras la construcción de legitimidad social quedó relegada. En educación, esa distancia tuvo consecuencias que todavía debemos examinar con honestidad.

Sería injusto, sin embargo, negar que aquel pacto también impulsó objetivos necesarios. En telecomunicaciones promovió una agenda de conectividad y competencia que tuvo expresión en la reforma constitucional de 2013. Esta contempló el aprovechamiento de infraestructura de CFE para desarrollar una red troncal y el acceso a banda ancha en instalaciones públicas. Reconocerlo es parte de la crítica que quiero hacer: un acuerdo puede contener propósitos valiosos y resultar insuficiente para convertirlos en capacidades públicas duraderas.8 Tampoco atribuyo a aquel pacto el origen de todos nuestros males. La violencia, la desigualdad y la captura de instituciones venían de antes. Sí creo que la convergencia de las dirigencias, cuando debilita la representación de diferencias reales, facilita que alguien se presente después como encarnación exclusiva de todo lo que quedó fuera. La oposición necesita examinar esa experiencia si pretende ofrecer algo más que el regreso de sus antiguos dirigentes.

Hay una historia que me ayuda a explicar el alcance de esta discusión. En 2007 comenzamos a plantear una red pública de educación, salud y gobierno. En 2008, con la Alianza por la Calidad de la Educación, impulsamos la conectividad escolar dentro de una transformación educativa más amplia. Queríamos que el acceso al conocimiento y al trabajo en red dependiera menos del lugar donde nacía un niño. Esa idea de igualdad necesitaba infraestructura, pero también una forma distinta de organizar la cooperación entre instituciones.

La red debía ser de alto desempeño y de propósito compartido. Una escuela podría trabajar con otras escuelas; un hospital, acceder a conocimiento especializado; las dependencias, aprovechar servicios comunes. Las Redes Estatales de Educación, Salud y Gobierno expresaban la posibilidad de coordinar recursos que solían planearse por separado. Los instrumentos educativos de la época recogieron ese planteamiento junto con la creación de redes de aprendizaje y el acompañamiento a los maestros.4 Había que articular la fibra óptica disponible con las redes estatales y resolver la llamada última milla: el tramo que llevaría la conexión hasta cada institución. Se contempló aprovechar infraestructura de CFE mediante la Red Nacional de Impulso a la Banda Ancha. La SCT autorizó al programa educativo el uso de la banda de 3.3 a 3.35 GHz y de tecnología WiMAX para los enlaces inalámbricos; donde esa solución no fuera viable se previeron conexiones satelitales. De esas decisiones dependía que una intención nacional llegara a un aula concreta.5 El proceso estuvo atravesado por decisiones de gran complejidad. La extinción de Luz y Fuerza del Centro, en octubre de 2009, y la posterior asunción del servicio por CFE modificaron la organización eléctrica en el centro del país. No fue jurídicamente una fusión. Hubo consecuencias laborales y sociales profundas, y Calderón asumió un costo político que sigue acompañando la valoración de su gobierno. En aquel contexto, articular la infraestructura disponible abría posibilidades para la conectividad pública; aprovecharlas exigía decisiones adicionales, inversión y coordinación.12 Según recuerdo de nuestra gestión, dejamos preparados tramos de una red cuyo despliegue comprendía más de seis mil antenas distribuidas por el país. Faltaba completar su articulación con la fibra óptica y asegurar las condiciones de operación. Esa cifra forma parte de mi testimonio sobre el trabajo realizado: no significa que hubiéramos entregado seis mil conexiones plenamente operativas. Había una base sobre la cual construir y una obligación de llevarla hasta los servicios para los que había sido concebida.14 Recuerdo que contamos con respaldo político, recursos y asesoría especializada. Recuerdo también cómo los cambios de interlocutores y las discrepancias sobre la instrumentación fueron haciendo más difícil sostener el propósito compartido. Coordinar dependencias, gobiernos estatales y decisiones técnicas resultó mucho más complicado que formular el objetivo. La voluntad expresada en los acuerdos no alcanzó para asegurar su ejecución y continuidad.

Mi responsabilidad en aquella experiencia me impide contarla como la historia de una buena idea derrotada únicamente por intereses ajenos. Quienes participamos no logramos convertir el respaldo inicial en una capacidad institucional suficientemente sólida. El diseño podía discutirse, la tecnología requería ajustes y la operación exigía resolver problemas que ninguna declaración de entusiasmo podía sustituir. Nos correspondía demostrar resultados, corregir fallas y construir las condiciones para que el proyecto sobreviviera a nuestros cargos.

También impulsamos contenidos y formas de colaboración. Explora reunía materiales educativos digitales y herramientas para apoyar el trabajo en el aula. Las evaluaciones con participación de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl y de Berkeley formaron parte del esfuerzo por examinar las posibilidades y los problemas del programa. La documentación oficial recogió percepciones favorables sobre la motivación de los alumnos y el desarrollo de habilidades tecnológicas. Eran indicios que merecían atención, aunque no demostraban que la transformación estuviera conseguida.6 Vista desde hoy, la intuición de vincular aprendizaje, conectividad y colaboración me sigue pareciendo acertada. Eso no absuelve las insuficiencias de la ejecución. Una política educativa se juzga por lo que permite hacer a las escuelas y por su capacidad para sostenerlo. Un equipo que no puede mantenerse o una plataforma que no encuentra lugar en la enseñanza muestran la distancia entre el proyecto administrativo y la experiencia de aprender.

Peña Nieto tuvo, mediante el Pacto por México, una oportunidad de dar continuidad y escala a ese propósito. Reconozco el impulso reformador en telecomunicaciones; sostengo también que su gobierno perdió una gran oportunidad de articular la infraestructura disponible con las necesidades de las instituciones públicas. A mi juicio, la fascinación por la ceremonia de las reformas relegó la tarea menos vistosa de hacerlas funcionar. La distancia entre el anuncio y el servicio es precisamente donde una promesa pública puede perder su sentido.

La fibra óptica de CFE se ha aprovechado y se ha avanzado en su iluminación, es decir, en habilitarla para transmitir información. Pero una red troncal constituye una base que todavía necesita conectarse con servicios efectivos. Un informe de Hacienda sobre el primer semestre de 2025 lo advierte expresamente al señalar que esa red no entrega servicios al usuario final y que su cálculo de población beneficiada es indirecto. La iluminación parcial de la fibra no equivale a haber completado la red pública que imaginamos.9 También debemos preguntar cuánto ha contribuido esa infraestructura pública a modificar los equilibrios del mercado. Los kilómetros de fibra habilitada no permiten, por sí solos, concluir que haya cambiado la distribución del poder entre operadores ni que los usuarios tengan mejores condiciones de acceso. Esos resultados deben demostrarse con evidencia de competencia, precios, calidad y cobertura. Y aun una mejora comercial sería insuficiente para dar por cumplida la tarea de conectar adecuadamente a escuelas y hospitales.

Durante el gobierno de López Obrador, CFE incorporó a su oferta servicios de telefonía móvil. En 2022 se amplió expresamente el objeto de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos para incluir la comercialización de servicios e infraestructura a terceros. La empresa pública comenzó a disputar usuarios en un mercado mientras seguía pendiente completar una capacidad compartida para escuelas, hospitales y oficinas públicas. Esa coexistencia exige una explicación sobre las prioridades y sobre la relación entre ambas tareas.13 Cuando consulté la oferta de CFE me inquietó encontrar paquetes de contratación individual donde esperaba ver realizada, ante todo, aquella promesa de conectividad pública. ¿Cómo llegamos de imaginar una red para educación, salud y gobierno a medir parte del esfuerzo por la venta de telefonía? Una empresa pública puede cobrar por un servicio y perseguir una finalidad social. La pregunta es qué aporta esa actividad al cumplimiento de su misión y cómo se comprueba. Comparar sus tarifas con las del mercado exige considerar prestaciones y cobertura; el precio de un paquete, por sí solo, tampoco permite evaluar una política de inclusión digital.

CFE también participa en programas de acceso gratuito. En abril de 2026 informó de instalaciones realizadas durante 2025 en teleescuelas y clínicas. Sería incorrecto desconocer esos avances. También lo sería confundir la contratación individual de datos, o la instalación de un punto de acceso, con la consolidación de una red institucional de alto desempeño. Cada modalidad cumple una función; corresponde explicar qué necesidades resuelve y cuáles siguen pendientes.10 Me inquieta la secuencia entre gobiernos. Uno asumió decisiones costosas y dejó trabajo inconcluso; otro promovió reformas sin cerrar, a mi juicio, la distancia entre infraestructura y servicios; el siguiente añadió una oferta de telefonía. Cada administración tiene derecho a revisar los medios. La sociedad tiene derecho a que el propósito no se pierda cada vez que cambia quien gobierna. Si cada sexenio necesita inaugurar su propio comienzo, el país queda condenado a financiar una sucesión de promesas que nunca terminan de encontrarse.

Una escuela necesita conexión estable y capacidad suficiente para trabajar con recursos compartidos. Las cifras de la SEP para el ciclo 2024–2025 registran acceso a internet en apenas 48.8 por ciento de las escuelas de educación básica incluidas en ese indicador. Esa medición acredita la existencia de una conexión, pero no informa por sí sola de su velocidad, estabilidad o disponibilidad efectiva para enseñar. La distancia entre disponer de una señal y aprovechar una red sigue siendo parte del problema.7 En salud, la promesa adquiere una dimensión especialmente humana. La medicina a distancia puede acercar a un especialista a una comunidad que carece de él. Un expediente clínico electrónico que pueda consultarse entre instituciones, bajo las debidas condiciones de seguridad y confidencialidad, permite que la información acompañe al paciente. Podría evitar repeticiones innecesarias de estudios y facilitar la continuidad de la atención. La utilidad de la red se vuelve tangible en el tiempo de una consulta y en la posibilidad de tomar una decisión con información suficiente.

Existen experiencias de telemedicina y sistemas de expediente electrónico. El problema es su integración desigual. El Programa Sectorial de Salud 2025–2030 reconoce la fragmentación de la información y la falta de interoperabilidad. Según el diagnóstico de 2023 que incorpora, sólo 36.32 por ciento de las unidades médicas había adoptado sistemas de expediente clínico electrónico, con diferencias importantes entre instituciones. El propio programa plantea la unificación como una tarea pendiente. Por ello, la deuda debe describirse con precisión: las herramientas existen, pero su disponibilidad y articulación todavía no constituyen una capacidad común de todo el sistema.11 En el gobierno, esa aspiración tendría que expresarse en dependencias capaces de compartir información de manera segura y de resolver trámites sin trasladar al ciudadano el costo de su descoordinación. Digitalizar un formulario conserva buena parte del problema si la persona debe seguir llevando de una oficina a otra los documentos que el propio Estado produce. La transformación requiere modificar procedimientos y responsabilidades. La tecnología hace posibles esos cambios; las decisiones públicas deben hacerlos efectivos.

La educación, la salud y el gobierno han incorporado herramientas digitales a ritmos distintos. Sigue pendiente que funcionen como servicios articulados y que sus beneficios dejen de depender tan estrechamente del territorio o de la institución a la que cada persona logra acceder. La pregunta que nos hicimos en 2007 conserva su vigencia: cómo convertir recursos públicos dispersos en una capacidad compartida para atender mejor a la sociedad.

La inteligencia artificial vuelve más urgente esa deuda. Su utilidad educativa dependerá de la preparación de los docentes y de la capacidad de los estudiantes para preguntar, contrastar información y reconocer errores. Las escuelas necesitan condiciones para comprender esas herramientas y decidir cómo utilizarlas. Si el ingreso familiar determina quién puede adquirir esas capacidades, una nueva fuente de conocimiento también podrá convertirse en una nueva forma de subordinación.

El costo de la demora rara vez aparece completo en los balances presupuestarios. Un niño termina la primaria mientras los adultos siguen discutiendo cómo conectar su escuela. Cuando la solución llega, él ya pasó por las aulas sin las oportunidades prometidas. Un paciente puede haber realizado viajes y repetido estudios que un sistema mejor coordinado habría podido evitar. El dinero puede reasignarse; esos años de aprendizaje y esas horas de sufrimiento no se recuperan mediante un nuevo anuncio.

Por eso la disputa entre élites resulta tan destructiva cuando consume la energía necesaria para mejorar los servicios. Un grupo puede ganar influencia sobre la educación sin que las escuelas ganen capacidad para enseñar. Otro puede controlar una institución de salud sin que los pacientes reciban mejor atención. Se redistribuyen posiciones de poder mientras los costos de la espera recaen sobre quienes menos intervienen en las decisiones.

No sé si nos ha faltado más voluntad que presupuesto. Sí sé que ambas explicaciones se vuelven insuficientes cuando no examinamos cómo se decide y quién responde por lo decidido. Los recursos son limitados y obligan a establecer prioridades. La voluntad necesita conocimientos, coordinación y continuidad para producir resultados. Entre la firma de un pacto y su cumplimiento hay un trabajo institucional que ninguna ceremonia puede reemplazar.

La reconciliación que necesitamos debe hacerse cargo de esa distancia. Puede comenzar en compromisos concretos: qué conexión recibirá cada escuela, cómo se financiará su mantenimiento y qué apoyo tendrán los maestros; qué información clínica podrá acompañar al paciente y quién responderá por su disponibilidad y protección. Los resultados deben poder comprobarse en las instituciones. Una familia necesita saber a quién exigir una explicación cuando el servicio no llega o deja de funcionar.

Pactar mejor supone escuchar a quienes soportarán las consecuencias de una decisión, hacer públicos los compromisos y aceptar evaluaciones independientes de la complacencia de los firmantes. Supone reconocer intereses legítimos sin convertirlos en privilegios permanentes. También requiere conservar la posibilidad de corregir. Ningún acuerdo debería quedar protegido de la evidencia de su fracaso por el prestigio de quienes lo suscribieron.

Esas exigencias pierden sustento cuando la corrupción recibe indulgencia por beneficiar al propio grupo o cuando la amenaza criminal impide competir y denunciar. Donde alguien puede perder la vida por rechazar una imposición, la libertad política está dañada desde su base. Pedir entendimiento exige proteger a quienes tienen menos poder y recuperar condiciones efectivas para disentir. La reconciliación necesita justicia para que el acuerdo sea libre y pueda merecer confianza.

Tampoco basta con invocar una nueva transición democrática. La expresión sólo tendría sentido si quienes buscan gobernar aceptaran reglas capaces de limitar su propio poder. Una mayoría tiene responsabilidades que exceden a sus partidarios; la oposición debe ofrecer algo más que la derrota del gobierno. Ambas están obligadas a responder ante una sociedad que necesita servicios, derechos y posibilidades de futuro, además de elecciones.

Odiarnos menos exige revisar nuestra propia participación en el deterioro. Quienes hemos tenido responsabilidades públicas debemos resistir la tentación de presentar cada derrota como prueba de nuestra lucidez y cada fracaso como obra exclusiva de nuestros adversarios. Reconocer lo que no supimos hacer permite formular exigencias más honestas al presente. También ayuda a conservar los aciertos de otros sin sentir que reconocerlos equivale a rendirse.

Sigo creyendo que podemos ser mejores. La experiencia me obliga a sostener esa esperanza con menos grandilocuencia y con mayores exigencias. Pienso en una escuela para la que alguna vez imaginamos una conexión, en un médico que podría consultar a un especialista lejano, en una familia que espera una respuesta que distintas oficinas todavía no consiguen construir juntas. Cada oportunidad pendiente nos recuerda para qué debería servir el poder.

Nos corresponde dejar a quienes vienen detrás instituciones capaces de tramitar sus diferencias y bienes públicos que puedan cuidar juntos. Tendrán sus propios conflictos. No hace falta que les entreguemos, además, los nuestros como si fueran su destino.